Muy posiblemente se haya olvidado pero la Orden 9066 ha pasado a la historia como una formidable ignominia basada en los prejuicios raciales.
El 7 de diciembre de 1941 Japón ataca la base estadounidense de Pearl Harbour ubicada en Hawai; al día siguiente Estados Unidos declara la guerra a Japón y se incorpora de facto al bando de los aliados de la Segunda Guerra Mundial.
Como reacción adicional y tras diferentes presiones, el 19 de febrero el presidente Roosevelt firma la Orden Ejecutiva número 9066 (que pasó a la historia como Orden 9066), por la que se autorizaba al Departamento de Defensa para que delimitase áreas militares concebidas para la reclusión de personas en función de su nacionalidad y etnia.
Como consecuencia de ello, se crea una red de campos de concentración en Estados Unidos donde se albergará a alrededor de 120.000 personas, entre los que se encuentran algunos ciudades alemanes e italianos pero, sobre todo, 110.000 personas de etnia japonesa (más de la mitad de ellos eran ciudadanos estadounidenses, con un evidente arraigo en el país).
Los campos de concentración se ubicaban principalmente en la costa oeste. Se trataba de instalaciones construidas bajo unas medidas de seguridad muy severas, incluyendo su cerramiento mediante alambradas de espino, su custodia por parte de guardias armados y su disposición en zonas despobladas.
En la mayoría de los casos los japoneses étnicos fueron obligados a vender sus viviendas y negocios en apenas dos semanas a compradores que adquirieron sus posesiones a precios muy por debajo del mercado; quienes optaron por el arrendamiento fueron víctima de frecuentes impagos realizados con impunidad por sus inquilinos; y los que se negaron a cualquier clase de trámite se encontraron años después con que sus tierras habían sido vendidas a terceros o expropiadas por el Estado por no haber pagado impuestos.
La Orden 9066 mantuvo su vigencia hasta 1948. La inmensa mayoría del estrago económico sufrido jamás fue pagado (se estima que las indemnizaciones, abonadas con décadas de retraso, apenas cubrieron el diez por ciento del total de las pérdidas). Se desconoce el dato exacto de personas que fallecieron en los campos de concentración como consecuencia de intentos de huida, suicidios o deficientes condiciones de vida.
En 1988, el entonces presidente Ronald Reagan firmó una ley que reconocía el grave error cometido hacía casi medio siglo, recompensando con 20.000 dólares a cada uno de los ya escasos supervivientes.
La orden 9066 forma parte de ese gigantesco conjunto de desgracias históricas que poco a poco tratamos de analizar en Cincuentopía. Otras entradas de similar índole son las siguientes:
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«Dejadme aprovechar -escribió- el afecto que todavía hay en mí, para contar los aspectos de una vida atribulada y sin reposo, en la que la infelicidad acaso no se debió a los acontecimientos por todos conocidos sino a los secretos pesares que sólo Dios conoce».
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